Parece que este gobierno, tampoco
Iosu Pardo
Tampoco va a luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida.
El pasado 30 de septiembre se presentó el informe elaborado por la Universidad Pública de Navarra sobre este tema y ese hecho dio pie a que todos los grupos políticos manifestaran su compromiso para luchar contra este problema…….y ya está.
De las múltiples recomendaciones que propone el trabajo mencionado, la única que ha tenido una consideración particular es la creación de un Observatorio sobre el fraude de cuya constitución se ha encargado al Gobierno a través de una moción parlamentaria apoyada por todos los grupos. Y ya sabemos lo que dice la sabiduría popular: si quieres que algo no funcione, crea una comisión.
Lo cierto es que el estudio elaborado por la UPNA, que llevábamos años reclamando, nos ha producido una sensación agridulce. Por una parte, por fin tenemos un punto de partida con estudios estadísticos basados en datos de Navarra y con estimaciones tanto de la economía sumergida como del fraude fiscal y todos sabemos que el primer paso para combatir un problema es identificarlo y medirlo. Por otra, nos sorprende que no se estudie el impuesto de sociedades o que no se detalle la incidencia de la evasión o el fraude por actividades económicas. Un reciente estudio liderado por el prestigioso investigador de la Universidad de Berkeley Gabriel Zucman estimaba que, en promedio, los países de la Unión Europea pierden el veinte por ciento de sus ingresos por el impuesto de sociedades debido a la utilización de paraísos fiscales.
Como todo trabajo estadístico que estudia una variable no observable, es susceptible de discusión y mejora. Los tres modelos que utiliza para estimar la economía sumergida se basan en aproximaciones y se puede estar de acuerdo o no con las conclusiones a las que llegan (yo soy de los críticos). Sin embargo, la estimación del fraude por el método contable me merece mucha más fiabilidad. Como, a mi juicio, los datos de economía sumergida no son congruentes con la estimación del fraude, me atrevo a opinar que la economía sumergida es muy superior a la que concluye el estudio.
Es conocida la relación inversa que existe entre el personal que la Administración dedica a labores tributarias y el fraude; esta relación, aunque no esté demostrada, es algo que todo el mundo da por existente. Pues bien, en Navarra tenemos aproximadamente la mitad de personal del que tienen otras administraciones europeas. La Consejera responsable ha prometido la convocatoria de unas 25 plazas para el Departamento y, de manera incomprensible en mi opinión, todo el arco parlamentario se ha mostrado satisfecho. Según los datos de las memorias de Hacienda Tributaria, en 2016 había 315 trabajadores en plantilla; en 2017, 316 y en 2018, 320 a pesar de que en 2018 se incorporaron 20 personas más. La actual promesa de contratación se espera concretar en 2020 y que se incorporen en 2021; la pregunta es ¿cuántos trabajadores se van a jubilar en estos años? Es decir que, sin contar otras posibles causas de bajas, podemos estar en los próximos años con una plantilla menor que la actual.
Otro aspecto que no trata el informe es la falta de un responsable de la lucha contra el fraude. La estructura de Hacienda no contempla la existencia de esta figura y, por tanto, nadie (o todos) tiene como objetivo primordial reducir el fraude. Por eso cuando se presentan las cifras de recaudación obtenida por instrumentos de gestión, control o inspección todo el mundo se da por satisfecho a pesar de que son datos sensiblemente inferiores, en proporción a nuestra renta, de los que presenta la Agencia Tributaria Estatal.
Tampoco contempla entre las propuestas potenciar la figura del denunciante con canales apropiados y garantías legales, incluso incentivándola económicamente como proponen los inspectores fiscales.
En línea con la Recomendación del Consejo de Europa de 2014 que abogaba por que «los Estados miembros creen un marco normativo, institucional y judicial para proteger a las personas que, en el contexto de sus relaciones laborales, informen o revelen información sobre amenazas o perjuicios para el interés público». Estos denunciantes necesitan la protección adecuada contra la intimidación o las represalias, impidiendo que los ciudadanos que revelen actividades ilegales sean castigados por su actuación.
Por otra parte, queda mucho trabajo por hacer en el ámbito de la elusión fiscal. Y no solo por la utilización de paraísos fiscales sino por el abuso de triquiñuelas legales favorecidas por la farragosidad de la normativa tributaria, con excesivos beneficios fiscales, tratamientos especiales y las múltiples reducciones y deducciones. Si no no se explica que, teniendo tipos impositivos nominales en la franja superior de Europa, nuestra recaudación sea cinco puntos inferior al promedio de la Unión Europea o más de seis puntos inferior al promedio de la Zona Euro, como acaba de publicar Eurostat.
El trabajo de los profesores de la Universidad tiene un último capítulo, el 7, de apenas seis páginas pero que es, a mi juicio, el más importante: son la Propuestas para la Reducción del Fraude Fiscal. En él se mencionan muchas más acciones que la creación del Observatorio. Desde medidas educativas hasta el diseño de los impuestos, pasando por mejoras en la elaboración de datos estadísticos o la propia evaluación de la eficacia de Hacienda Foral en la lucha contra el fraude. Todas ellas son importantes y algunas de fácil implantación pero parece que el Gobierno de Navarra ya está en otros temas y éste está archivado.
Publicado en Diario de Noticias de Navarra
0 Comments